En las Américas, numerosas organizaciones lideradas por personas refugiadas, desplazadas y de la diáspora son las primeras en responder ante crisis superpuestas —humanitarias, políticas, económicas y sociales— que afectan a las comunidades migrantes y refugiadas. Además de brindar los servicios que los sistemas formales no logran cubrir, tales como apoyo legal, orientación, refugio y contención emocional, impulsan procesos de incidencia para lograr cambios institucionales y sistémicos. En muchos casos, lo hacen con recursos limitados, sin acceso a financiamiento sostenible.
Este artículo corto invita a los lectores a visibilizar los aportes de estas organizaciones, comprender sus luchas y reflexionar sobre lo que debe cambiar para garantizar derechos, dignidad y justicia en los países de destino y tránsito. Para ello, compartimos desafíos y propuestas para impulsar el cambio sistémico de Yo Te Apoyo (Ecuador), Apoyo a Migrantes Venezolanos AC (México), Venezuela Global (Brasil) y Fundación VenCR (Costa Rica), organizaciones que han brindado asistencia a cientos de miles de personas migrantes y refugiadas venezolanas y de otras nacionalidades.
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Imagen: Crisis superpuestas que afectan a las comunidades migrantes y refugiadas en las Américas. Crédito:Betzabeth Jaramillo, Yo Te Apoyo.
Participación significativa: su fortaleza, desafíos y caminos para lograrla
La participación significativa de personas migrantes, refugiadas y apátridas en los procesos políticos y de toma de decisiones es esencial para una integración efectiva, el ejercicio de ciudadanía y la transformación no solo en temas migratorios, sino en todos los ámbitos de la vida pública. La participación significativa va más allá de ocupar un lugar simbólico en una mesa de discusión o ser parte de una delegación; se trata de incidir realmente en decisiones que afectan sus vidas. Esto implica representatividad, acceso a mecanismos institucionales, y la voluntad de los decisores de escuchar. Es una responsabilidad compartida: del Estado, abrir espacios; de las comunidades, prepararse para incidir con argumentos y propuestas sólidas basadas en la evidencia. Experiencias como la Conferencia Nacional de Migrantes, Refugiados y Apátridas en Brasil (COMIGRAR) demuestran el valor de procesos participativos bien estructurados. Con más de 14.000 participantes y 60 propuestas priorizadas, este esfuerzo reflejó la capacidad de las comunidades migrantes y refugiadas para organizarse, debatir y proponer políticas inclusivas. La participación activa fortalece la ciudadanía, promueve derechos, y permite superar barreras estructurales. Para que sea efectiva, debe institucionalizarse, garantizar continuidad y traducirse en acciones concretas.
“Le sugeriría a los formuladores de política y tomadores de decisión (...) el momento de hacer las cosas diferentes y hacer las cosas mejor debe comenzar inmediatamente (...). Los procesos de integración bien conducidos pueden traducirse en incentivos al desarrollo económico de los países receptores (...). Pero eso pasa porque empecemos a pensar la migración desde una perspectiva de desarrollo y que a partir de allí tomemos las políticas públicas que sean implementadas para apoyar a estas comunidades, principalmente las más vulnerables, e incluir a estas personas en los procesos de desarrollo socioeconómico (...).”
William A. Clavijo Vitto, fundador y presidente de Venezuela Global (Brasil).
Las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo económico
Las personas migrantes y refugiadas realizan aportes clave al desarrollo económico de los países de acogida. En Costa Rica, por ejemplo, representan cerca del 12% del PIB, según datos de la OCDE.A pesar de enfrentar múltiples obstáculos —como el reconocimiento de títulos profesionales o el acceso al empleo formal—, muchas personas migrantes se integran activamente en el mercado laboral, aportan al sistema tributario y dinamizan la economía local mediante el consumo, la generación de empleo y el emprendimiento. Lejos de ser una carga, las personas migrantes son motores de desarrollo y resiliencia, especialmente en contextos donde los sistemas estatales están sobrecargados y la cooperación internacional se reduce. En el contexto regional actual, donde la gobernanza migratoria se torna cada vez más restrictiva, las alianzas con actores no tradicionales —como las universidades— se vuelven clave para generar evidencia y promover la integración y el desarrollo. En Costa Rica, Alianza VenCer ha promovido la participación activa de estudiantes a través de programas de formación y prácticas en gobiernos locales y organizaciones sociales, teniendo en cuenta que se trata de los futuros tomadores de decisión. Al promover la participación estudiantil mediante formación y prácticas en gobiernos locales y organizaciones sociales, estas alianzas fortalecen capacidades institucionales y contribuyen a una gobernanza más justa, inclusiva y sostenible.
“Nosotros podemos promover políticas públicas, podemos apoyar y aportar desde nuestras perspectivas a nuestro país o una comunidad de acogida (...) que no nos vean como ‘los otros’, sino como parte de un todo, de comunidades y que al final formamos parte de un mismo sistema y por ende queremos salir adelante todos. Así que (mi recomendación es que) nos tomen en cuenta como una parte fundamental de la respuesta.”
- Roberto Blanco, director de proyectos de Alianza VenCR (Costa Rica).
La xenofobia, la discriminación y la "crimigracion": estrategias para contrarrestarlas
El aumento de la xenofobia, el racismo y la criminalización de la migración en las Américas ha tenido consecuencias devastadoras para la integración social y ha expuesto a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas a la discriminación y crímenes de odio. Esta estigmatización, alimentada por narrativas mediáticas que asocian migración con la criminalidad, refuerza estereotipos que presentan a personas refugiadas y migrantes como amenazas, ignorando su derecho a buscar protección y mejores condiciones de vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, la “ “crimigración"—es decir, la convergencia entre las leyes migratorias y penales, junto con la asociación simbólica de las personas indocumentadas con el crimen— ha provocado un aumento en las detenciones arbitrarias, tanto de personas con antecedentes penales como de quienes no los tienen, incluyendo a algunas que ingresaron legalmente y tienen procesos de asilo en curso. Para contrarrestar estas tendencias, se requiere garantizar una participación significativa de las personas desplazadas en los esfuerzos para transformar las políticas migratorias y sociales, reconociendo la humanidad, capacidades y contribuciones de quienes migran, y abriendo espacios reales para su liderazgo y propuestas. Además, sensibilizar a funcionarios públicos y medios de comunicación es clave para desarticular estereotipos y combatir la xenofobia y el racismo estructural.
“(Mi recomendación es) la participación significativa real, es decir, que realmente se tome en cuenta todo este trabajo tan interesante que se viene haciendo desde las organizaciones lideradas por personas refugiadas y desplazadas; es información y apoyo de los que se pueden nutrir los distintos gobiernos.”
- Lizbeth Guerrero, co- fundadora y co-directora Apoyo a Migrantes Venezolanos AC (México)
¿Cuáles son las consecuencias de estas crisis sobre la salud mental de las personas migrantes y refugiadas?
Las políticas migratorias regresivas, la descontinuación de programas de ayuda humanitaria, el cierre de consulados y la falta de vías de regularización han generado una crisis silenciosa pero devastadora en la salud mental de las personas migrantes. El abandono institucional, la incertidumbre constante respecto a su estatus migratorio y la persecución legal alimentan síntomas como ansiedad, desesperanza, insomnio y depresión. Según el estudio“Impacto Emocional de la Falta de Documentación y Regularización Migratoria en la Población Migrante Venezolana” realizado en Ecuador con más de 2.500 personas migrantes, el 92% teme perder su estatus migratorio, y más del 70% experimenta trastornos del sueño y pensamientos negativos frecuentes. Este trauma prolongado, conocido como “desprotección institucional sostenida”, está generando un daño emocional acumulativo que afecta la vida diaria, la posibilidad de integración, y que puede escalar a la toma de decisiones riesgosas. Para abordar esta crisis, se requiere del fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario que mitiguen el aislamiento social, incluyendo asegurar el financiamiento adecuado a las organizaciones comunitarias; implementar programas de apoyo psicológico de manera inmediata; y eliminar las causas raíz del malestar emocional a través de la reapertura de servicios consulares y la implementación de políticas de regularización flexibles.
“Creo que los organismos internacionales deben tratar y se debe buscar financiamiento tanto para ellos como para las organizaciones locales de base o terreno que atienden directamente estas situaciones complejas que quedan desamparadas cuando hace falta políticas públicas (...). Podemos abarcar mejor estas situaciones y evitar mayores daños y generar una integración real dentro de la población.”
- Betzabeth Jaramillo, fundadora y directora de Yo Te Apoyo (Ecuador).
Autoría
Mara Tissera Luna, con base a los aportes de Betzabeth Jaramillo, fundadora y directora de Yo Te Apoyo (Ecuador), July Rodríguez, fundadora y co-directora y Lizbeth Guerrero, co- fundadora y co-directora, Apoyo a Migrantes Venezolanos AC (México), William A. Clavijo Vitto, fundador y presidente de Venezuela Global (Brasil) and Roberto Blanco, director de proyectos de Alianza VenCR (Costa Rica),durante el webinario “Refugee-led organisations facing multiple crises: what needs to change".
Mira la grabación completa del seminario web aquí